HOMOSEXUALIDAD EN EL PERÚ
Como en todas partes del mundo, en el Perú, la homosexualidad es un tema muy real y que merece la pena ser tratado muy abiertamente por la comunidad en la que vivimos.
Se han hecho toda clase de estudios sobre las causas de la homosexualidad, atribuyéndola a determinación genética (En un reciente reporte sobre un estudio neurológico y endocrinológico acerca de la orientación sexual, cuyo autora es Jill Littrell PHD, ésta asevera que se han observado diferencias, debido a los procesos gestacionales, entre la estructura del cerebro de varones y de mujeres y la asociación de las estructuras de los cerebros de homosexuales de ambos sexos con respecto a sus tendencias sexuales; no sólo en lo que se refiere a esto, sino también a los rasgos físicos, patrones de conducta y de intereses); a un desarreglo hormonal influenciado por la administración de drogas a la madre durante el embarazo; a la influencia ambiental dentro del cual el individuo es criado; a la sensación de inseguridad de un individuo, adquirida desde su infancia, y su consiguiente falta de autoestima y auto aceptación personal; maltrato sexual; a una enfermedad psicológica; o a un comportamiento inmoral que surge como una desviación sexual voluntaria.
Durante el curso de la historia se ha conocido la existencia de la homosexualidad y ha sido aceptada o censurada de acuerdo a los moldes culturales y normas morales dentro de los cuales esta se desenvolvía. Dentro de algunas sociedades se han adoptado métodos de curación para personas con estas características, que van desde curas psicológicas, curas a través de la oración, inyecciones de hormonas, etc.
Lo cierto es que, por las razones o presiones que sea, en 1980, la Sociedad Americana de Psiquiatría, ha decidido sacar a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Sin embargo, todas estas explicaciones no deben dejar de reconocer que la homosexualidad es una realidad; que en estos tiempos donde está probado que la discriminación y la crueldad que se desprende de aquella, no deben ser propias de una sociedad participativa y libre, donde los individuos que la integran deben de tener los mismo derechos y capacidad de decisión que los demás miembros
Perú es un país con una tradición católica que viene desde la época de la colonia y cuya doctrina determina las creencias de gran parte de la población.
La posición de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, se resume en la carta pastoral de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada en 1986 por el papa Juan Pablo II en Roma, en la que se habla sobre la atención pastoral a los homosexuales. En ella la Iglesia recalca: “Optar por una actividad sexual con una persona del mismo sexo equivale a anular el rico simbolismo y el significado, para no hablar de los fines, del designio del Creador en relación con la realidad sexual. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y, por lo tanto, contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de auto donación que, según el Evangelio, es la esencia misma de
la vida cristiana. Eso no significa que las personas homosexuales no sean a menudo generosas y no se donen a sí mismas, pero cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia.
Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. La Iglesia, cuando rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad, no limita sino más bien defiende la libertad y la dignidad de la persona, entendidas de modo realista y auténtico.”
A pesar de que hoy en día se han realizado muchos avances en los esfuerzos por tratar de defender los derechos civiles de la comunidad homosexual peruana, aquellos continúan siendo desvirtuados por la intervención de las iglesias Católica y Evangélica en las decisiones o apoyos que se tomen al respecto. La ordenanza municipal planteada por la alcaldesa de Lima ,Susana Villarán, según la cual los locales públicos y privados tengan una declaración de respeto a la identidad de género y no discriminación sexual, por ejemplo, y la participación de esta funcionaria en la marcha activista realizada en Lima, el año pasado, fue duramente censurada por el Cardenal Cipriani, primado del Perú, quien conminó a dicha funcionaria a ocuparse de asuntos más importantes para la ciudad en vez de apoyar temas que no la Iglesia Católica no mirará con buenos ojos. Es decir, en nuestro país, todavía existe una fuerte intervención e influencia de la iglesia católica en el quehacer político de una nación que cada vez tiene una mayor demanda de un pluralismo de ideas que responda a la problemática actual, nacional y mundial.
El MHOL (Movimiento de Homosexuales de Lima) ha denunciado públicamente las declaraciones tendenciosas de miembros de la iglesia católica que han asociado directamente a los homosexuales con delitos penados en nuestro código civil, como son la violación sexual de menores y la pedofilia, aumentando los prejuicios existentes en nuestra sociedad contra aquella comunidad.
En el Perú, a pesar de que el Código Procesal Constitucional, dispone que las personas que han sido discriminadas por su orientación sexual e identidad de género, puedan recurrir al proceso de amparo para defenderse, no existen leyes concretas que reconozcan los derechos de los discriminados; aunque sí se han dado algunas ordenanzas en las regiones andinas de Abancay, Ayacucho y Huancayo y en los distritos limeños de Miraflores y Jesús María para proteger a las personas.
Los activistas homosexuales peruanos a través de su institución el Movimiento de Homosexuales de Lima (MOHL), creado en 1982, han demandado una ley que prevenga, sancione y elimine la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, han reclamado que el código penal del Perú tipifique “como crímenes de odio” aquellos casos de violencia motivados por orientación sexual e identidad de género.
En junio de 2010, durante el gobierno del ex presidente Alan García, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del congreso aprobó un dictamen en mayoría por el cual se proponía aumentar las penas hasta en un tercio del máximo legal en los casos comprobados de crímenes de odio, con cárcel efectiva máxima de 35 años. Pero el dictamen nunca llegó a ser debatido y ahora se encuentra archivado, aunque podría ser retomado por el actual congreso, donde si bien el partido oficialista del presidente Humala tiene mayoría sus miembros no tienen una posición partidaria tomada al respecto.
Actualmente, el Perú no reconoce legalmente las uniones entre las parejas compuestas por personas del mismo sexo; aunque, en 2010 el gobierno del Perú anunció la presentación de un proyecto para reconocer derechos a las parejas homosexuales. En la campaña para las elecciones generales del Perú de 2011, el tema de las uniones entre personas del mismo sexo fue tocado, y la mayoría de los candidatos presidenciales se manifestó a favor de alguna ley que reconozca derechos, principalmente patrimoniales, a parejas del mismo sexo, ya sea a través de la unión matrimonial o unión civil. En las encuestas hechas por la empresa IPSOS Apoyo sobre opinión social, se encontró que el 75% o más de la población, no apoyaba este tipo de uniones; por supuesto, condicionados por la estrecha relación entre política y religión.
Amparados por la falta de una legislación pertinente, los crímenes de odio contra esta comunidad, han permanecido latentes, desde décadas pasadas.
Según la MHOL, en el Perú cada año son asesinados 70 homosexuales debido a su preferencia sexual. Al menos una persona homosexual, transexual o bisexual murió violentamente en Perú cada semana entre 2006 y 2010, según un estudio preliminar presentado por esta institución, en mayo del 2011.
Las cifras son estimaciones basadas en un compendio de casos reportados por la prensa peruana en 15 regiones del país, así como entrevistas personales a miembros de la comunidad homosexual, explicó en conferencia de prensa Giovanny Romero, miembro del MHOL.
Sin embargo, esta cifra sin duda es mucho más alta porque no existe un registro verídico que permita dilucidar cuántas personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB) son víctimas de los denominados "crímenes de odio".
Todavía recuerdo que durante los años ’60, los muchachos machistas, recogían a los jóvenes que se prostituían en las arterias principales alrededor de las casas residenciales de la ciudad, para llevárselos a una playa contigua a la Herradura, donde se unían grupos de muchachos y los flagelaban con cadenas, dejándolos medio muertos. La policía sabía de esto, pero no hacían nada para contenerlo, puesto que en la sociedad machista en la que vivíamos y que todavía la caracteriza hoy en día, creían que así evitaban o contribuían a borrar del mapa a una peste indeseable… a la “mercadería averiada” como alguna vez los calificó nuestro actual Cardenal Cipriani.
Muchos muchachos que sobreviven estas agresiones, prefieren no decir nada para no causar vergüenza a sus familiares o denunciarse ante sus amistades, o porque temen a la venganza de los grupos agresores, de hacerse efectiva la denuncia de estos crímenes.
Con estas acciones (los agresores) aspiran a dar un 'ejemplo' a la sociedad: limpiarla de algo que consideran nocivo", refiere Giovanny Romero, presidente del MHOL.
No se pueden dejar de recordar los terribles crímenes contra los homosexuales cometidos durante la época del terrorismo. Los reportes de asesinatos selectivos de Sendero Luminoso contra aquellos son recurrentes desde 1986. Una “política” que el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) haría también suya, y que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) narra en detalle. “A los homosexuales les cortaban el pene en pedazos antes de matarlos”, relató en dicho informe una mujer que en 1991 fue secuestrada por Sendero Luminoso. El 6 de agosto de 1986 asesinaron a 10 homosexuales “indeseables” en Aucayacu y el 12 de septiembre de 1988 ametrallaron a 8 “cabros, prostis y fumones” frente a un grupo de periodistas en Pucallpa.
No hace poco, encontraron a un muchacho homosexual estrangulado, quemado y tirado en una de las pistas en el cono sur de Lima en San Juan de Miraflores. La pregunta obligada es: ¿cuántas muertes más deberán producirse antes de que se decida tipificar estos execrables delitos?
Hay denuncias de que los mismos policías capturan y abusan cruelmente de esta población desprotegida de sus derechos ciudadanos.
Durante la campana pacífica organizada por el MHOL en la que un grupo de la comunidad homosexual realizó actos simbólicos que buscaban el reconocimiento de la libertad de expresión y la no discriminación de personas en base a su género y preferencia sexual, los agentes del orden agredieron a los manifestantes, mientras se besaban en el atrio de la Catedral de Lima. El Ministro del Interior justificó tal acción puesto que esto causaba incomodidad a un sector poblacional que reclamó los hechos y aseveró que él no podía hacer nada al respecto puesto que esto debía seguir un proceso administrativo antes de poder castigar a los involucrados en este abuso de autoridad. Al respecto, el director ejecutivo del MHOL, Christian Olivera Fuentes, señaló enfáticamente que las autoridades no pueden calificar de prohibitiva una conducta, en base a condiciones de tipo subjetivo o discriminatorio supuestamente amparadas en la cultura o en costumbres socialmente aceptadas.
Los grupos que se denominan neonazis, quienes consideran a la homosexualidad como un defecto genético que debe eliminarse para el logro de una raza pura(1), también han venido descargando sus tendencias homofóbicas amenazando la seguridad física y psicológica de los miembros de la comunidad homosexual y de los que los apoyan, pintando en señal de amenaza epítetos deprecantes y esvásticas en las paredes de sus casas y en las de las organizaciones políticas que los apoyan; asimismo, agrediendo y torturando a varios de los miembros de esta comunidad. El reciente y tan condenado crimen en Chile, del joven chileno homosexual Daniel Zamudio, en manos de jóvenes que se auto identifican como neo-nazis, tiene su equivalente de violencia en nuestro país…sólo que quizás al darse estos casos en el seno de las poblaciones más desfavorecidas, no han tenido la repercusión deseada. Estos actos de crueldad no son más que un resultado de la falta de un pronunciamiento adecuado sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.
Mario Vargas Llosa, literato laureado, Diego García Sayán, presidente de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y Giovanny Infante, presidente del MHOL, todos se han pronunciado contra este acto de violencia encarnizada y propugnan la emisión de una ley que castigue con severidad los crímenes de odio producidos por una cultura de intolerancia.
Ya el año pasado en Marzo, la tendencia conservadora del Estado Peruano se manifestó en su rechazo a firmar la Declaración de la ONU contra los crímenes homofóbicos, argumentando que si bien el Perú está en contra de todo tipo de violencia y de violaciones de derechos humanos, no podía adherirse a esta declaración porque “podría contravenir en el futuro con instituciones jurídicas como el matrimonio y la adopción”. Mientras tanto, las y los activistas insistían que esta declaración conjunta es, justamente, un documento básico con el que los diferentes Estados demostrarán que tienen una política clara contra la discriminación, la violencia y el abuso hacia las personas TLGB (trasvestis, lesbianas, gays y bisexuales).
La lucha de las instituciones de apoyo a aquellos, ha puesto en tapete ante la opinión pública la tremenda problemática que enfrentan, no sólo desde el punto de vista de su aceptación sino de la necesidad de que el Estado asuma políticas preventivas y de atención de los problemas de salud que se presentan mayormente entre la población referida, como son el VIH/SIDA. Según informes de las autoridades sanitarias, éstos suman alrededor de 450,000 personas, de los cuales sólo el 10% ha podido ser atendido a través de los programas de prevención y atención, por falta de recursos presupuestales.
Es importante librarnos de prejuicios culturales y religiosos en la determinación de políticas que beneficien a todos los miembros de nuestra sociedad y de facilitar a estos grupos hasta ahora discriminados, la posibilidad de una convivencia libre que propicie una salud mental que les permita desenvolverse como contribuyentes en la construcción de una sociedad con mayor justicia. Es necesario que las leyes que se den se despojen de las influencias de grupos de poder que protegen sus intereses de permanencia y decisión determinante en los designios del país, discriminando y negando de sus derechos a individuos que existen… que son una realidad en el mundo…en nuestro país. Es necesario que se dé un reconocimiento legal de convivencia a aquellos, por fines prácticos y de derecho constitucional. Vivimos en un mundo globalizado…no vaya a ser que seamos discriminados por discriminar.
(1) De acuerdo al historiador alemán Klaus Müller, se calcula que aproximadamente 100.000 hombres fueron arrestados por homosexualismo entre 1933 y 1945. Aproximadamente la mitad fueron sentenciados a prisión; de ellos, entre 15.000 y 10.000 fueron enviados a campos de concentración, de los cuales sobrevivieron unos 4.000 al finalizar la guerra. Los prisioneros considerados homosexuales dentro de los campos de concentración eran identificados con un triángulo invertido de color rosa A aquellos homosexuales que además eran judíos, se les obligaba a usar una estrella de David cuyo triángulo invertido era rosa. Este símbolo, en memoria del exterminio en los campos de concentración, es usado en la actualidad por asociaciones que luchan contra la discriminación por motivos de orientación sexual
